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Quizá no tenga la misma, enorme, repercusión que en octubre de 1998 tuvo la detención en Inglaterra del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte.
Pero no debe haber muchos juristas, en especial aquellos que promueven la idea de una justicia libre de restricciones fronterizas contra los responsables de crímenes de lesa humanidad, que se atrevan a cuestionar la presunción de que la decisión de la Corte Suprema de Chile de extraditar al ex presidente peruano Alberto Fujimori puede ser un antecedente más importante y sólido en la evolución del derecho público internacional que los 17 meses que el chileno fue obligado a pasar, sin mayores incomodidades cabe recordar, en suelo británico hasta ser liberado por una decisión política del gobierno de Tony Blair.
Todos los datos del episodio Fujimori sugieren que el destino del nipo-peruano es efectivamente más revelador de cómo el mundo está reduciendo aceleradamente su tamaño para lo que antes era una práctica común: casi cualquier ex jefe de Estado —legítimo o ilegítimo en su origen— podía aspirar a la impunidad hasta el fin de sus días con sólo poner algunos kilómetros y fronteras nacionales de distancia entre el país donde había asesinado y castigado a su pueblo y un nuevo lugar de residencia.
Parte del mecanismo jurídico-político que hacía posible esta eterna fuga de culpables era incluso venerado como institución.
Verbigracia, el derecho de conceder y recibir asilo para lo cual el sujeto era considerado como cualquier otro perseguido. Ya no es así. Las diferencias que avalan esta evaluación entre los casos de Fujimori y de Pinochet —elegido aquí no como único posible sino por haber sido uno de los de mayor repercusión relativamente reciente— son varias y conviene tener presentes algunas de ellas.
El máximo tribunal chileno concedió por primera vez en su historia la extradición de un ex jefe de Estado y lo hizo en respuesta a un pedido directo de la Justicia peruana; en este caso los gobiernos de Lima y Santiago mantuvieron prolijamente ajenas sus manos del problema y no hubo otro mediador en la cuestión.
Con Pinochet la cosa fue sustancialmente diferente. Aunque los tribunales ingleses parecieron inclinarse por conceder la extradición del general, el poder político decidió enmendarle la plana y el entonces ministro del Interior, Jack Straw, terminó el trámite autorizando el regreso de Pinochet a Chile por "razones humanitarias" que basó en un estado de salud deteriorado del ex dictador.
El propio Pinochet se encargó de hacer befa de esas razones cuando descendió del avión en el aeropuerto de Santiago y casi hizo un paso de danza dejando atrás la silla de ruedas que había usado durante su detención.
Otro dato que no es menor es que Fujimori deberá enfrentar a sus jueces naturales en el mismo país donde presuntamente cometió las tropelías que se le imputan. En la década pasada Pinochet fue requerido por un juez español, Baltasar Garzón.
Aunque la solicitud de Garzón fue por el asesinato de ciudadanos españoles durante la dictadura chilena (1973-1990) el hecho de que los magistrados españoles tuvieran la oportunidad que se les negaba a los chilenos —o que ellos mismos se negaron durante años— hizo que muchos temieran un desequilibrio en el desarrollo del nuevo derecho para crímenes de lesa humanidad, que podría muy bien aplicarse sólo a ciudadanos de países sin suficiente poder para proteger a los suyos.
Ese riesgo persiste: un convenio internacional rubricado por la mayoría de las naciones de la comunidad global en 1998 que crea una corte internacional para estos crímenes no sale de una modorra burocrática por la decisión de Estados Unidos de no avalarlo.
Las marcas del despotismo
Hay otros datos que también ayudan a perfilar de un modo especial lo de Fujimori. De 21 acusaciones contra el ex presidente peruano (1990-2000) los jueces chilenos aceptaron como base para la extradición apenas media docena.
Las dos más relevantes son, por cierto, otros tantos asesinatos múltiples cometidos por un casi clandestino organismo especial militar conocido como "Grupo Colina", suerte de escuadrón de la muerte, en una fiesta de familiares y amigos en una zona humilde de Barrios Altos en 1991 y luego, el año siguiente, en la Universidad de La Cantuta. El "Grupo Colina" fue responsable de más una veintena de muertes sumarias en los primeros años de Fujimori en el poder.
Durante su exilio en Japón primero y ahora en Chile Fujimori ha negado tener nada que ver con el grupo, pero existe hasta testimonio fílmico ratificando la aprobación del entonces presidente para lo que hacían los hombres del "Colina", creado bajo el imperativo de combatir a Sendero Luminoso que en esos años era un poderoso grupo insurgente.
Estas son las dos brasas en el paquete de la extradición. Pero también figuran otros cargos relacionados con la corrupción que, junto con la represión, fueron las dos grandes herramientas con las que Fujimori consiguió retener el poder durante una década (cuando huyó de Perú había iniciado su tercer mandato presidencial).
De este modo el procesamiento permitirá que la sociedad civil peruana pueda mirarse en el espejo de su pasividad de esos años que permitió el largo período de Fujimori. El cientista político inglés John Keane lo explicó hace años cuando dijo que una sociedad civil fragmentada y receptiva al miedo o al soborno de los poderosos "es siempre peligrosa e indeseable, una licencia para el despotismo".
Fuente: elclarín.com
Fujimori: la ley internacional deja menos resquicios 1 de 1
Quizá no tenga la misma, enorme, repercusión que en octubre de 1998 tuvo la detención en Inglaterra del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte.
Pero no debe haber muchos juristas, en especial aquellos que promueven la idea de una justicia libre de restricciones fronterizas contra los responsables de crímenes de lesa humanidad, que se atrevan a cuestionar la presunción de que la decisión de la Corte Suprema de Chile de extraditar al ex presidente peruano Alberto Fujimori puede ser un antecedente más importante y sólido en la evolución del derecho público internacional que los 17 meses que el chileno fue obligado a pasar, sin mayores incomodidades cabe recordar, en suelo británico hasta ser liberado por una decisión política del gobierno de Tony Blair.
Todos los datos del episodio Fujimori sugieren que el destino del nipo-peruano es efectivamente más revelador de cómo el mundo está reduciendo aceleradamente su tamaño para lo que antes era una práctica común: casi cualquier ex jefe de Estado —legítimo o ilegítimo en su origen— podía aspirar a la impunidad hasta el fin de sus días con sólo poner algunos kilómetros y fronteras nacionales de distancia entre el país donde había asesinado y castigado a su pueblo y un nuevo lugar de residencia.
Parte del mecanismo jurídico-político que hacía posible esta eterna fuga de culpables era incluso venerado como institución.
Verbigracia, el derecho de conceder y recibir asilo para lo cual el sujeto era considerado como cualquier otro perseguido. Ya no es así. Las diferencias que avalan esta evaluación entre los casos de Fujimori y de Pinochet —elegido aquí no como único posible sino por haber sido uno de los de mayor repercusión relativamente reciente— son varias y conviene tener presentes algunas de ellas.
El máximo tribunal chileno concedió por primera vez en su historia la extradición de un ex jefe de Estado y lo hizo en respuesta a un pedido directo de la Justicia peruana; en este caso los gobiernos de Lima y Santiago mantuvieron prolijamente ajenas sus manos del problema y no hubo otro mediador en la cuestión.
Con Pinochet la cosa fue sustancialmente diferente. Aunque los tribunales ingleses parecieron inclinarse por conceder la extradición del general, el poder político decidió enmendarle la plana y el entonces ministro del Interior, Jack Straw, terminó el trámite autorizando el regreso de Pinochet a Chile por "razones humanitarias" que basó en un estado de salud deteriorado del ex dictador.
El propio Pinochet se encargó de hacer befa de esas razones cuando descendió del avión en el aeropuerto de Santiago y casi hizo un paso de danza dejando atrás la silla de ruedas que había usado durante su detención.
Otro dato que no es menor es que Fujimori deberá enfrentar a sus jueces naturales en el mismo país donde presuntamente cometió las tropelías que se le imputan. En la década pasada Pinochet fue requerido por un juez español, Baltasar Garzón.
Aunque la solicitud de Garzón fue por el asesinato de ciudadanos españoles durante la dictadura chilena (1973-1990) el hecho de que los magistrados españoles tuvieran la oportunidad que se les negaba a los chilenos —o que ellos mismos se negaron durante años— hizo que muchos temieran un desequilibrio en el desarrollo del nuevo derecho para crímenes de lesa humanidad, que podría muy bien aplicarse sólo a ciudadanos de países sin suficiente poder para proteger a los suyos.
Ese riesgo persiste: un convenio internacional rubricado por la mayoría de las naciones de la comunidad global en 1998 que crea una corte internacional para estos crímenes no sale de una modorra burocrática por la decisión de Estados Unidos de no avalarlo.
Las marcas del despotismo
Hay otros datos que también ayudan a perfilar de un modo especial lo de Fujimori. De 21 acusaciones contra el ex presidente peruano (1990-2000) los jueces chilenos aceptaron como base para la extradición apenas media docena.
Las dos más relevantes son, por cierto, otros tantos asesinatos múltiples cometidos por un casi clandestino organismo especial militar conocido como "Grupo Colina", suerte de escuadrón de la muerte, en una fiesta de familiares y amigos en una zona humilde de Barrios Altos en 1991 y luego, el año siguiente, en la Universidad de La Cantuta. El "Grupo Colina" fue responsable de más una veintena de muertes sumarias en los primeros años de Fujimori en el poder.
Durante su exilio en Japón primero y ahora en Chile Fujimori ha negado tener nada que ver con el grupo, pero existe hasta testimonio fílmico ratificando la aprobación del entonces presidente para lo que hacían los hombres del "Colina", creado bajo el imperativo de combatir a Sendero Luminoso que en esos años era un poderoso grupo insurgente.
Estas son las dos brasas en el paquete de la extradición. Pero también figuran otros cargos relacionados con la corrupción que, junto con la represión, fueron las dos grandes herramientas con las que Fujimori consiguió retener el poder durante una década (cuando huyó de Perú había iniciado su tercer mandato presidencial).
De este modo el procesamiento permitirá que la sociedad civil peruana pueda mirarse en el espejo de su pasividad de esos años que permitió el largo período de Fujimori. El cientista político inglés John Keane lo explicó hace años cuando dijo que una sociedad civil fragmentada y receptiva al miedo o al soborno de los poderosos "es siempre peligrosa e indeseable, una licencia para el despotismo".
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La policía traslada al ex presidente peruano Alberto Fujimori desde el barrio de Hacienda Chicureo, en Santiago, al aeropuerto, este 22 de septiembre. | ||
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Fujimori, de camino a Perú, extraditado desde Chile
LIMA (AFP) — El ex presidente Alberto Fujimori, que salió de Perú como presidente hace siete años, regresa este sábado extraditado desde Chile, de donde partió esta mañana en calidad de detenido y con la obligación de responder por delitos de violación de los derechos humanos y corrupción.
Fujimori, de 69 años, abandonó Santiago a bordo de un avión de la policía peruana, que despegó a las 08H56 locales (las 14H56 en la España peninsular), en un trayecto que, se calcula, debe cubrir en unas cinco horas y que incluye dos escalas técnica para reabastecimiento de combustible.
Vestido con un gran abrigo negro y sonriente, Fujimori abordó el avión, un Antonov, escoltado por el director de la policía peruana, David Rodríguez Segué y el jefe de la Interpol en Lima, coronel Manuel Barraza.
El destino de Fujimori -presidente de Perú entre 1990 y 2000- quedó sellado el viernes, cuando el Tribunal Supremo de Chile aprobó la extradición del ex mandatario a Perú por dos cargos de violación de los derechos humanos y cinco de corrupción. El cargo más grave que enfrenta es por las matanzas de la Cantuta y Barrios Altos, en Lima, entre 1991 y 1992, ejecutadas por un escuadrón paramilitar. La justicia peruana deberá probar si ordenó o estaba al tanto de esos operativos. La pena que podría tener por esos casos va de 10 a 30 años de prisión.
La ministra de Justicia peruana, María Zavala, dijo este sábado que Fujimori será recluido en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), en el este de Lima. La policía ha habilitado en este cuartel un ambiente especial de 50 m2, con un dormitorio, un pequeño estudio y un baño, construido con cemento armado y cristales blindados en ese sector del distrito limeño de Vitarte.
Medios peruanos señalaron que Fujimori quedará detenido bajo el 'Régimen Cerrado Especial', que le permitirá dos horas de patio al día y visitas restringidas a sus familiares cercanos y abogados. Deberá, asimismo, conversar a través de una ventanilla y no podrá tener televisión pero sí acceso a revistas y periódicos.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha dispuesto que serán diez los efectivos encargados de custodiar en permanencia al ex mandatario, además de los agentes policiales que la Diroes le vaya a asignar.
El traslado de Fujimori desde el aeropuerto a la Diroes estará rodeado de un impresionante operativo de seguridad, con un despliegue que incluirá helicópteros, coches blindados y más de 200 agentes policiales.
El ex mandatario abandona Chile después de arribar por sorpresa a Santiago en noviembre de 2005 proveniente de Japón, donde pasó cinco años tras renunciar por fax a la presidencia peruana.
Su paso por Chile, según declaró el propio Fujimori, fue parte de una estrategia para lograr un "blindaje legal", que acortara la gran cantidad de procesos judiciales que originalmente se le seguían en Perú. "Esto es una depuración sustantiva del número de casos. Era mi objetivo", declaró a la prensa chilena.
El Estado peruano requería a Fujimori por 13 casos de los cuales, el Supremo chileno descartó seis, por los que ya no podrá ser juzgado. Las autoridades peruanas han expresado su intención de llegar a cabo un juicio rápido y que el ex mandatario goce de todas las garantías.
Pero más allá del aspecto judicial, el regreso a Lima tiene grandes connotaciones políticas, en un país donde todavía él y sus seguidores tienen gran influencia. Con 13 congresistas sobre 120 en el Congreso unicameral, el fujimorismo ha hecho alianza -circunstancial y tácita- con el gubernamental APRA del presidente Alan García, una situación que podría modificarse con esta nueva circunstancia. Keiko Fujimori, hija del ex presidente, es la jefa del grupo parlamentario y ha liderado una iniciativa para que éste sea recibido por sus seguidores a la llegada a Lima.
Por su parte, familiares de las víctimas atribuidas a su régimen celebraron la resolución judicial y organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional celebraron el fallo de la justicia chilena.
Fujimori intentó evitar la extradición y para ello incluso fue candidato en julio pasado a un escaño en el Senado de Japón, su segunda patria y donde en el pasado ha tenido gran influencia. Sin embargo, no logró convertirse en senador, y ahora tampoco evitar la extradición.
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